Breve análisis sobre la situación (siguen meándonos mientras nos dicen que llueve)

Mientras esto está sucediendo en estos momentos en Sevilla:

(ver noticia en la web de la corrala la utopía)

Apenas había amanecido cuando un grupo de operarios de Endesa, acompañado por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, hicieron acto de presencia en la Corrala de Vecinas ‘La Utopía’. Su misión no era otra que cortar el suministro de agua a las 36 familias que han sido realojadas en el inmueble de la Avenida de las Juventudes Musicales. Y todo ello sucede, además, cuando las familias habían manifestado publicamente su intención de hacerse cargo del agua y de la electricidad que consumían. El corte de Endesa dejó a las claras la escasa sensibilidad que las empresas tienen hacia la situación que padecen las familias como consecuencia de la crisis. El corte de Emasesa es todavía más grave tratándose como se trata de una empresa pública municipal, de la que responde en última instancia el Ayuntamiento de Sevilla.

La actuación del Ayuntamiento de Sevilla no había llegado, sin embargo, a su culmen. Un grupo de representantes de las familias realojadas acudió al Ayuntamiento para solicitar a los responsables municipales que restablecieran el suministro de agua. Reunidas con una responsable del Área de Hacienda y Administraciones Públicas, de la que depende Emasesa, esta persona les comentó que no sólo no pensaban restablecer el suministro sino que además darían parte a los Servicios Sociales del Consistorio para que, llegado el caso de que las familias no abandonaran el edificio, iniciaran ante la Junta de Andalucía un proceso de retirada de custodia de los menores que vivían en un edificio en esas circusntancias, sin agua y luz.

Creemos que el Ayuntamiento de Sevilla está actuando de espaldas a la opinión mayoritaria de la ciudadanía, que cree legítimas las demandas de viviendas dignas a alquileres sociales asequibles, y puede estar vulnerando derechos fundamentales de las personas, como son los que les garantizan unas mínimas condiciones de vida. Además, por si no fuera poco, la persona que ha atendido a los representantes de las familias ha actuado de manera cuasi mafiosa.

Aquí abajo podemos ver a algunas de las personas que viven en la corrala la utopía, seguramente conozcamos a alguien que podamos identificar en el mismo caso, si no nos identificamos nosotras mismas…

Manoli tiene 65 años y tras toda una vida trabajando como limpiadora, ahora se ve en la calle. No pudo afrontar el pago de la hipoteca aunque lo intentó por todos los medios: así perdió sus ahorros, incluso el plan de pensiones.

Vanessa está casada, tiene 32 años y tres hijos a su cargo, uno de ellos con síndrome de down. La empresa en la que trabajaban ella y su marido quebró, dejándoles a deber una importante cantidad económica que no van a cobrar hasta dentro de varios años. No pudieron afrontar los pagos de su piso. Envisesa les exige para acceder a una vivienda social que liquiden las deudas que tienen. Sin embargo, ellos no pueden.

Ana va a ser deshauciada por el Banco Popular. Un día, sin previo aviso del banco, llegó a su casa la notificación judicial. Su esposo padece una compleja enfermedad crónica. Ha buscado ayuda en todos los organismos e instituciones pública. No ha obtenido ninguna respuesta de ellos.

Aguasanta tiene 3 hijos. Perdió su empleo hace tres años. Lleva viviendo de alquiler varios años, pagando cada mes el alquiler. Actualmente ya no tiene ingresos suficientes para seguir pagando una vivienda para ella y sus hijos. Reclama un precio asequible que pueda pagar. Su caso adquirió cierta presencia en los medios de comunicación y los políticos le hicieron distintas promesas que jamás han cumplido.

Irma es trabajadora social en paro. Vive con su madre y quiere tener la oportunidad de independizarse como una persona adulta que es. No quiere tener la propiedad de la vivienda, solo vivirla y volver a recuperar el sentido comunitario y de vecindad.
Practicar la revolución de la hierbabuena! nos dice, llamar a la puerta del vecino y recuperar esos lazos de confianza y solidaridad.

Elena lleva tres años en el paro. Antes ha trabajado de todo: peluquería, cajera de supermercado, limpieza, etcétera. Ella y su pareja, que también perdió el puesto de trabajo en plena crisis económica, viven con su madre y no tienen posibilidad de tener una vivienda. Ha solicitado un piso de protección de alquiler pero no cumple los requisitos mínimos porque no tiene trabajo y para recibir ayudas te exigen tener un trabajo.

Toñi tiene 44 años y un hijo de 12 a su cargo. A finales de septiembre perdió su empleo y se quedó además sin paro ni ayudas. En cuanto dejó de pagar Emvisesa la metió en un juicio, en el que, además del dinero que debe, habrá de pagar las costas judiciales. Denuncia que en la manzana en la que vive hay 30 pisos vacíos víctimas de familias que han sido desahuciadas. Reclama un alquiler que en su situación pueda pagar.

y como decíamos, mientras tanto, cosas como esta suceden en el resto del país:

(puedes ver la noticia original aquí)

El grupo parlamentario Compromís ha denunciado que los tres miembros de la mesa de la Comisión de Derechos Humanos y Tercer Mundo están cobrando un complemento de 584,51 euros al mes por pertenecer a este órgano cuando sólo se han reunido en dos ocasiones desde junio de 2011.